Ciudadanos ha presentado este lunes su propuesta de pacto anticorrupción plasmado en un decálogo de medidas que, a través de una serie de modificaciones legales orientadas a la prevención, disuasión y al control económico, pretende “restaurar entre todos la confianza de los ciudadanos en sus políticos”.
El presidente de la formación, Albert Rivera, ha señalado que supone “un primer paso para que la corrupción política deje de ser uno de los principales problemas de la ciudadanía; un reto que exige, además de reformas, un cambio de actitud por parte de la clase política”, porque, “si para los catalanes y el conjunto de españoles los políticos están entre sus tres principales preocupaciones tenemos un grave problema de calidad democrática“.
“Devolución del dinero sustraído”
La iniciativa, que ha sido enviada a presidente de la Generalidad, a todos los grupos del Parlamento autonómico, y a su presidenta, plantea “el compromiso de los partidos a asumir la responsabilidad que les corresponde de reparar el mal causado tras un caso de corrupción en sus filas, a través de la devolución del dinero sustraído del erario público”.
Además, insta a reformar el Código Penal de manera que la financiación irregular esté tipificada como delito y tenga su propia pena, y a la exclusión de la corrupción política del debate político para que la corrupción no sea utilizada como un arma política y todos los casos sean tratados por igual.
Separación del imputado de su cargo político
Ciudadanos también propone que sean los propios partidos los que controlen, a priori y a posteriori, la corrupción en sus filas, en primer lugar, a través, de un organismo de control interno que colabore de la mano con la Oficina Antifraude y en segundo lugar, a través de la separación del imputado de su cargo público, por lo menos, hasta que se demuestre su inocencia.
También se incluye además un sistema de control económico en los partidos orientado a la transparencia: declaración pública del patrimonio, control de las cuentas de los partidos e instituciones, transparencia de financiación de los partidos políticos y fundaciones, la regulación de las donaciones y la limitación del gasto electoral.
Fonte. lavozdebarcelona.com
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